El congreso IDP analiza la responsabilidad de las empresas ante el cibercrimen

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La conferencia inaugural tratará el cumplimiento normativo (compliance) en delitos informáticos: en cualquier delito, desde la protección de datos hasta los delitos medioambientales, la empresa puede eximirse si se han implantado programas de cumplimiento efectivos.

El congreso IDP analiza la responsabilidad de las empresas ante el cibercrimen

La crisis de la COVID-19 ha incrementado el secuestro de datos, las falsificaciones, los ataques maliciosos, el contenido de explotación sexual infantil y las campañas de desinformación, según el informe Catching the virus cybercrime, disinformation and the COVID-19 pandemic, elaborado por la Europol. Los cibercriminales se han adaptado a la crisis y han adaptado a ella su modus operandi. "Los ataques cibernéticos se están volviendo cada vez más sofisticados: este fenómeno delictivo no conoce fronteras nacionales, por lo que es más difícil tanto su control como su prevención", afirma Marc Balcells, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y miembro del comité científico organizador del Congreso Internacional de Internet, Derecho y Política (IDP) Cybercrime: new threats, new responses, que tendrá lugar de forma online los días 1 y 2 de julio.

Durante los dos días de congreso, habrá una conferencia inicial y, después, una mesa redonda con expertos en la materia para discutir sobre el tema y profundizar en él. Este año, de forma excepcional, el congreso se realizará en un formato nuevo completamente en línea debido al contexto de la COVID-19, las mesas redondas serán en directo pero algunas de las principales conferencias ya se pueden visionar, en este enlace. Para poder seguir las sesiones es necesario inscribirse. La inscripción es totalmente gratuita.

El cumplimiento normativo de los delitos informáticos, en auge

En el primer día del congreso, el 1 de julio, la conferencia principal trata el cumplimiento normativo (compliance) en delitos informáticos e irá a cargo de Alfonso Galán, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide. Por cumplimiento normativo se entiende cualquier delito que pueda cometerse en una empresa, desde la protección de datos hasta los delitos medioambientales, pasando por fraudes cometidos por los empleados o por terceros relacionados con la empresa, la publicidad engañosa, etc. El Código penal admite la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los trabajadores, y puede eximir a las empresas si se han implantado en ellas programas de cumplimiento efectivos. "Muchas compañías están optando por establecer algunas medidas de prevención, como la monitorización permanente de todas las actividades de internet de sus trabajadores o el borrado automático de cualquier información publicada desde sus servidores que pueda parecer ilegal, para mantenerse a salvo de cualquier castigo", afirma Galán.  

Aun así, advierte el experto, aunque el uso de este tipo de medidas preventivas, sin duda, puede evitar muchos comportamientos criminales, también, y de forma indiscutible, pone en tensión el respeto de algunos derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, como el secreto de las comunicaciones de los trabajadores o la libertad de expresión de los emisores de los mensajes bloqueados o borrados.

"La crisis de la COVID-19 no es tanto la causante como la aceleradora de una tendencia de desplazamiento de actividades diarias del espacio físico al ciberespacio que puede haber incidido directamente, y lo hará aún más en el futuro, tanto en la reducción de la delincuencia en las calles como en el aumento de la delincuencia perpetrada en el ciberespacio", afirma Fernando Miró, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Miguel Hernández de Elche y ponente del congreso. El catedrático presentará en su conferencia del 2 de julio el estudio COVID y cibercrimen: El crimen cuando las calles están vacías e Internet lleno que analiza el impacto que la crisis de la COVID-19 ha tenido en la cibercriminalidad. "Por un lado, se recopilan los indicios existentes respecto al supuesto aumento del cibercrimen derivado del confinamiento, y por el otro, a partir de la constatación de la falta de información, se reflexionará sobre qué marcos teóricos y qué premisas son necesarias para afrontar el estudio científico del impacto de la COVID-19 en el cibercrimen", explica Miró.

Por último, el congreso cierra con la conferencia final de David Wall, director del Departamento de Criminología de la Universidad de Leeds. «Los delitos cibernéticos no son un fenómeno nuevo», afirma Wall, que añade: "después de tres décadas de sufrirlos, poco a poco llegamos a comprender sus características, incluso si las instituciones clave tardan más tiempo en adaptarse a los desafíos que crea este tipo de delito". Durante su conferencia analizará los desarrollos clave en el cibercrimen en estos últimos diez años y los desafíos que representa el cibercrimen para la ley y las autoridades policiales, y presentará algunos hallazgos de su trabajo reciente sobre programa de secuestro (ransomware) para ilustrar los cambios.

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